La prioridad política de las personas con discapacidad como sujetos de derecho

La puesta en marcha de la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, que establece una cuota del 1% de la plantilla  en organismos públicos y en empresas con 100 o más colaboradores, tendrá que seguir esperando.

Hace unos días la Contraloría General de la República (CGR) se abstuvo de cursar los dos decretos que aprobaron los reglamentos clave para la implementación de la nueva normativa: el N° 64 y el N° 65. El primero regula el alcance de la iniciativa en el Código del Trabajo (para el sector privado), mientras que el segundo, el estatuto administrativo (para el público).

Teniendo en cuenta que la ley comenzará a regir el primer día del mes subsiguiente a la publicación de los reglamentos en el Diario Oficial, desde el Gobierno apostaban a que la norma entraría en vigencia a más tardar en diciembre del año pasado. Luego el plazo se corrió para los meses de enero y febrero, pero tras el revés en la CGR la puesta en vigencia podría demorar un tiempo más.

¿Qué prioridad política real tienen las personas con discapacidad como sujetos de derecho a la hora de legislar para promover su inclusión al mundo laboral?

¿Es el Derecho al Trabajo, tal como se promociona junto a la Ley 21.015, un derecho para todos?

La calificación de la excepción del cumplimiento de la obligación (de la cuota del 1%) debe fundarse en razones entre las que se consigna las relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.

“No resulta procedente que la calificación de la excepción del cumplimiento de la obligación de que se trata, quede entregada a las entidades privadas que administran el seguro de la ley N° 16.744, función que excede el objeto de este último cuerpo normativo”, señalaron desde Contraloría frenando los reglamentos y con ello la entrada en vigencia de la obligación legal.

La ley N° 16.744 regula aspectos relacionados con la prevención y cobertura de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, “dentro de los cuales no resulta posible incluir la evaluación que ahora se objeta, la que supera los límites del examen de condiciones de riesgos de accidentes laborales o de enfermedades profesionales, así como de la cobertura sanitaria o social de tales accidentes o enfermedades, campo de acción propio de los órganos que administran el anotado seguro”.

¿Qué quiere decir todo lo anterior? Que se atribuye una obligación a organismos que legalmente no la tienen. Y en principio, la única forma de subsanar aquello es con una modificación legal que esté dirigida a ampliar dichas facultades. Contraloría habría hecho su parte, así queda por preguntar ¿qué medidas va a tomar el Ministerio frente a estas observaciones?

Consultado por el tema, desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que “la Contraloría tomó razón del reglamento del sector público la semana pasada y que en el caso del sector privado el reglamento fue representado y ha sido reingresado por el Ministerio del Trabajo a Contraloría, por lo que esperamos el pronunciamiento sobre la toma de razón en las próximas semanas”.

Como bien reza el nombre de la Ley estancada, se está “incentivando la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral” mediante una reserva legal de empleo. Desde una perspectiva de derechos humanos, las empresas tendrían la obligación de respetar el derecho al trabajo y el estado de garantizarlo.

Se aprobó la ley en junio de 2017, se tomaron amplios plazos para el diseño de sus reglamentos y el envío a Contraloría, ¿para finalmente informarnos que las normas están “desajustadas a derecho”? ¿Se está legislando para  garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad como un derecho humano?

Fundamentos de desajuste

Al hacer el análisis de los decretos, la Contraloría recuerda que la ley que Incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral, en su nuevo artículo 157 ter, reconoce la posibilidad de que la empresa privada se excuse del cumplimiento de la reserva legal del 1% de empleos para discapacitdos por razones fundadas del cumplimiento total o parcial de la referida proporción, entre las que se consigna las relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa.

También hace presente que en las instituciones públicas que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos el 1% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. Añade que la misma norma contempla la posibilidad de que el jefe superior o jefatura máxima del órgano, servicio o institución, se excuse por razones fundadas del cumplimiento del mencionado porcentaje, entre otros motivos, debido la naturaleza de las funciones que desarrolla.

La Contraloría advierte que tanto el artículo 7° del reglamento fijado en el decreto N° 64 en examen, como el artículo 12 del reglamento aprobado por el decreto N° 65, también en estudio, establecen que se entenderá que se configura dicha razón fundada cuando por sus características o por su especialidad, los procesos o actividades de la empresa, órgano, servicio o institución -según corresponda- “no pueden ser desarrollados por personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, circunstancia que deberá ser evaluada e informada por el respectivo organismo administrador de la ley N° 16.744”.

Respecto del punto anterior, el dictamen de la CGR “cumple con informar que las normas precedentemente reseñadas no se ajustan a derecho, toda vez que no resulta procedente que la calificación de la excepción del cumplimiento de la obligación de que se trata, quede entregada a las entidades privadas que administran el seguro de la ley N° 16.744, función que excede el objeto de este último cuerpo normativo”.

El contralor Jorge Bermúdez recuerda que la ley N° 16.744 regula aspectos relacionados con la prevención y cobertura de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, “dentro de los cuales no resulta posible incluir la evaluación que ahora se objeta, la que supera los límites del examen de condiciones de riesgos de accidentes laborales o de enfermedades profesionales, así como de la cobertura sanitaria o social de tales accidentes o enfermedades, campo de acción propio de los órganos que administran el anotado seguro”.

Fuente: http://www.pulso.cl/economia-dinero/contraloria-frena-reglamentos-ley-inclusion-laboral-discapacitados/

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