La Capacidad Jurídica de las personas con discapacidad en Chile

La Capacidad Jurídica es la aptitud de una persona con discapacidad o no, para ser sujeto de derechos, ejerciéndolos y adquiriendo otras obligaciones por sí solas, sin necesidad de que exista un tercero que sea el intermediario de sus decisiones.

A través de la Capacidad Jurídica una persona obtiene un reconocimiento legal sobre su personalidad, saber dónde y cómo vivir, administrar su patrimonio, formar relaciones familiares y ejercer derechos políticos, como lo es el voto.

Por medio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se considera y se reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas, situándolas en una misma línea en donde la discapacidad no justifica la privación de capacidad jurídica.

“La capacidad jurídica es uno de los tópicos más interesantes de analizar desde los Derechos Humanos. El derecho a la capacidad jurídica es la base para después poder ejercer el derecho a la salud, educación y trabajo. Si no se valida tu capacidad de tomar decisiones, tampoco se está validando la posibilidad de ejercer ninguno de los demás derechos”, indicó Bernardita López, Directora de AVANZA, quien recientemente viajó a la India a defender su tesis del Diplomado en Legislación sobre Salud Mental y Derechos Humanos de la Organización Mundial de la Salud y la Escuela de Leyes de la Sociedad India de Leyes.

Hoy en día en Chile, la Capacidad Jurídica no está respaldada. Existen organismos judiciales que mediante sus artículos 1445, 1446, 1447 y 456 del Código Civil han sido utilizados para la determinación de un modelo de atribución directa de incapacidad. A través de un procedimiento de interdicción, a dichas personas les es asignada (sin que medie su opinión) un tercero, quien los representa en todos los actos judiciales o extrajudiciales que le conciernan y que puedan menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones.

Siguiendo esta misma línea, el Director Nacional de SENADIS, Daniel Concha, manifestó que “como Servicio Nacional de la Discapacidad, estamos conscientes que debemos trabajar fuertemente, para generar un cambio. El actual sistema de tutelas y curatelas requiere ser modificado y nuestra legislación armonizada, para implementar internamente el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.

¿En que situaciones o contextos se puede ver privada la capacidad jurídica en personas con discapacidad? 

“La más clara es cuando por ley te quitan esa capacidad jurídica y te declaran interdicto, eso es cuando definitivamente un juez te corta las alas y te dice nunca más vas a poder ejercer tu derecho de tomar decisiones, pero hay muchos otros países en que las personas con discapacidad no tienen derecho a casarse, no tienen derecho a votar, eso es no poder ejercer tu derecho solo por tener discapacidad”, explicó Bernardita López.

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